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Proclama de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual

Fecha: 07/12/2018
Autor: INMUJERES

Proclama de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, integrante del Consejo Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género

Recientemente, se han aprobado dos leyes fundamentales para las mujeres: la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada en Género y la Ley 19.643 de Prevención y Combate a la Trata de Personas. Pero hay nubarrones en el horizonte. Empezamos a transitar tiempos difíciles: grupos organizados, según patrones internacionales, empiezan a cuestionar los progresos logrados, levantando barricadas conceptuales. 

En  el contexto latinoamericano, se extiende una tendencia al retroceso: grupos  que  cuestionan  la evidencia de la  desigualdad en las relaciones de género, y, paralelamente,  acusan al feminismo de pretender instalar lo que llaman  “ideología de género” para  destruir a la familia y a la sociedad toda. A su vez, proponen restablecer el orden patriarcal vigente cuando se escribió la Biblia, como si se pudiera borrar la evolución de las sociedades en 2000 años. Estos grupos son portavoces del malestar masculino, relacionado con el progresivo cambio en las relaciones de género que las mujeres están instalando en el trabajo, en la economía, en la política y también en la vida personal.

Llama la atención que los progresos en la legislación, el reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente, de las personas con discapacidad, de la población LGTBI , que constituyen una ciudadanía tantos años olvidada, negada y discriminada, cuando por fin se  logra establecer los derechos que les corresponden por ser personas,  aparece una oposición con críticas  fundamentalistas, basadas en  concepciones subjetivas extremas, que llegan a cuestionar las tradiciones democráticas que nos han caracterizado como país.

Parte de la nueva agenda de derechos enfrenta también la resistencia del Poder Judicial, que  en su momento se opuso a la primera ley de violencia doméstica de 2002, y ahora se opone a la recientemente aprobada ley de violencia de género. A un año de vigencia de esta  ley, el Poder Judicial no encuentra la manera de aplicarla, so pretexto de que no tiene presupuesto para financiar cambios, cuando gran parte de los contenidos no requiere dinero, requieren lectura y aplicación de los contenidos de la ley. Al mismo tiempo, elimina la Unidad de Género, el servicio que representaba al Poder Judicial en los espacios interinstitucionales de coordinación de las políticas de género. 

En relación a la violencia doméstica, hay datos preocupantes: se reciben 40.000 denuncias por año, 104 por día. Pero cuando se judicializan, encontramos que a 16 años de vigencia de la primera Ley de Violencia Doméstica, hay jueces que, en sus fallos, exhortan a las partes a evitar los conflictos y las injurias, y a mantener la armonía familiar.  Lo que evidencia que la sensibilización, capacitación y formación permanente en materia de género y de violencia para las y los operadores judiciales sigue siendo un debe. La  organización y funcionamiento del sistema judicial determina que las/los defensores de oficio conozcan a las defendibles al entrar a la audiencia, y muchas veces entran sin información previa sobre la situación, los antecedentes y las demandas. En esas condiciones, no se cumple el compromiso de prestar un servicio público, gratuito y de calidad.

En los últimos años hemos avanzado en la consolidación del Sistema Interinstitucional de Respuesta a la Violencia Doméstica, coordinando los esfuerzos de Inmujeres-MIDES, la Intendencia de Montevideo, la sociedad civil, el MSP, el MEC, el Ministerio del Interior, el INAU,  la Fiscalía, y más recientemente la OPP, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Vivienda, el BPS y la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otros.

Al mismo tiempo, surgen  nuevas realidades, nuevos problemas y nuevas responsabilidades  para el Estado: estamos recibiendo un contingente de inmigrantes, que llegan en condiciones de carencia y fragilidad que facilitan la cooptación por organizaciones mafiosas, vinculadas al narcotráfico, al negocio de la prostitución y la trata de personas, explotación que afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes y niñas en todo el país. La situación se agrava donde se establecen emprendimientos con alta concentración de hombres solos, que se establecen en la zona mientras dure la zafra laboral, acompañados por servicios sexuales prestados por adolescentes, niñas y niños, a beneficio de quienes organizan el aparato de explotación sexual. 

Un porcentaje importante de la población de niños, niñas y adolescentes vive infiernos invisibilizados en familias que recurren al maltrato como recurso educativo, y a abusos sexuales cometidos por adultos de su entorno, casi siempre familiares y personas cercanas. En 2017, se registraron 700 casos de abuso sexual en el país. Aumentan los embarazos de niñas de 10 a 14 años embarazadas por sus novios de 40 años y más, en noviazgos aprobados y a veces negociados por sus  padres.

En las familias suele predominar la conspiración de silencio, nadie ve, nadie sabe, nadie dice. Cuando llega al juzgado una denuncia hay jueces que no creen en los relatos de los niños y niñas, ni en las denuncias de sus madres, sospechadas a priori de mentir para obtener alguna ventaja. Quizás piensan que tantos casos no pueden ser verdad, y piden más pericias, preguntan a los niños si quieren que su padre vaya preso … si no habrán interpretado mal los hechos …   Y seguimos sin instalar cámaras de Gessell que permitirían evitar la reiteración de interrogatorios en estos casos, optando en los hechos por la revictimización. Estas experiencias de atropello, abuso, soledad y desprotección preparan el terreno para ejercer o sufrir violencia pocos años más tarde. 

Las situaciones de extrema pobreza nutren la delincuencia, prácticamente infantil, condenada a la marginación social, económica y cultural, y los estragos del consumo de las drogas más tóxicas, buscando una salida económica y de pertenencia a algo, a través de la integración en organizaciones delictivas que dominan en determinados enclaves de la ciudad

En los barrios donde rige la “ley del narco”, tanto la población como los equipos territoriales mal pueden funcionar normalmente, sometidos a la inseguridad y a la impotencia, con alto riesgo y sin garantía de protección cuando denuncian o promueven denunciar los abusos sistemáticos y las estructuras delictivas que los sostienen. Esto sí que destruye la familia y la convivencia.

Como sociedad, enfrentamos un futuro difícil, que requiere urgentemente  producir un cambio cultural que incluya  a  hombres y mujeres, que permita relaciones más humanas, que habilite la igualdad, y el acceso a derechos efectivos, no solo escritos. Como Red contra la Violencia, desde hace años estamos trabajando en esta línea, en la prevención de la violencia en el noviazgo, en alianza  con la banda No Te Va Gustar y grupos de jóvenes,  y, actualmente, iniciamos una campaña audiovisual sobre micromachismos con Presidencia, AUCI y AECID, con lo que esperamos aportar algo al necesario cambio cultural. También estamos participando en el espacio de articulación con Fiscalía, donde nos planteamos impulsar una formación para técnicos interesados en profundizar  en diagnóstico del abuso sexual. Son nuestros pequeños aportes a una política que no logra consolidarse.

Lo que nos da ánimo y nos compromete a profundizar nuestro trabajo es la evidencia del despertar de mujeres de todo el espectro político y de todas las generaciones, que en todo el país nos manifestamos los días 8 de marzo para decir “basta a la desigualdad”, “queremos lo que nos corresponde”, y la presencia de mujeres el primer jueves de cada mes en la explanada de la IM, acompañando a las Mujeres de Negro para denunciar la violencia que asesina a las mujeres.

RED URUGUAYA CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA Y SEXUAL
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