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Historia

Antecedentes de la institucionalidad de género en el Estado:
Tres momentos, tres concepciones diferentes

La institucionalidad de género en el Estado reconoce tres hitos de importancia: la creación y funcionamiento del Instituto Nacional de la Mujer (entre los años 1987 y 1992), del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (entre 1992 y 2005) y finalmente, el Instituto Nacional de las Mujeres desde el 2005 a la actualidad. Los cambios en la denominación del Instituto reflejan las profundas transformaciones en cuanto a la concepción y funciones del organismo dentro de la sociedad y el Estado.

A continuación se realiza un breve recorrido por esta historia.

Instituto Nacional de la Mujer: 1987 – 1992

El primer antecedente de Inmujeres se denominó Instituto Nacional de la Mujer, creado en 1987 (Decreto 226/87) en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura con los objetivos de:

a) Hacer un diagnóstico de la situación de la mujer en Uruguay.

b) Propiciar las reformas legislativas u otro tipo de políticas de acción necesarias para lograr la efectiva participación de la mujer en la sociedad, así como en la toma de decisiones políticas.

c) Proponer las medidas necesarias para ejecutar las decisiones adoptadas por la Conferencia "Mujer, Población y Desarrollo".

Este Instituto no fue pensado como ejecutor de políticas públicas sino como el órgano rector y coordinador de políticas de la mujer a implementar por otros organismos del Estado; además, no contaba con presupuesto propio y sus funcionarios eran honorarios. (Jonhson, 2001) Esta falta de presupuesto y de recursos humanos generaron, entre otras consecuencias, el no cumplimiento de los objetivos propuestos para el Instituto.

Posteriormente se redefinieron sus propósitos, por Ley 16.226 del 29 de octubre de 1991 (art. 234):

a) Promover, planificar, diseñar, formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la mujer y a la familia.

b) Coordinar y coejecutar con los organismos estatales dichas políticas a través de la articulación de acciones y de la capacitación de los recursos humanos, necesarias para la consecución de sus cometidos.

c) Asesorar a los organismos estatales sobre los temas de la mujer y la familia, tanto a nivel nacional como departamental.

d) Coordinar y supervisar las actividades de su dependencia.

e) Realizar convenios Internacionales de cooperación técnica y financiera, con los organismos de los cuales el país forma parte.

 

Instituto Nacional de la Familia y la Mujer: 1992 – 2005

La Ley N° 16.320 (art. 253) del 1º de noviembre de 1992 modificó la denominación del organismo a Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, manteniendo sus cometidos ampliados.

Esta ampliación de los cometidos del Instituto no fue acompañada por una ampliación en términos de asignación de recursos, lo que planteó interrogantes en relación a las posibilidades reales de cumplir con los mandatos asignados.

A pesar de ello se continuó aumentando los cometidos del Instituto. Así, la Ley Nº 16.736 (art. 348 y 370) del 1º de Enero de 1996, agrega la siguiente función:

f) Asesorar sobre la forma de prevenir la violencia sexual y doméstica.

El mismo instrumento en el artículo 348, deroga el art. 102 de la Ley Nº 16.462 (11 de enero de 1994) que creaba el programa de "Prevención de la Violencia y Rehabilitación de sus Víctimas", atribuyéndole estos cometidos al Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (INFM).

Sobre el proceso institucional discurrido a partir de la Ley de 1994 y la Ley 17.296 de 2001, Johnson (2001) consideraba que:

"En términos generales, se puede afirmar que la permanencia institucional que se consiguió con la refundación del INFM en 1991 no se ha traducido en su consolidación ni en su fortalecimiento. La ubicación del INFM dentro del organigrama del estado uruguayo sigue siendo marginal y sus competencias inadecuadas, lo que lo debilita, acotando seriamente sus posibilidades de incidir efectivamente en la agenda política nacional y de cumplir con sus cometidos. No es de extrañarse, entonces, que su existencia tampoco ha conllevado la institucionalización de políticas de género, ni mucho menos la transversalización de una perspectiva de género en todo el estado."

Una nueva ley de violencia doméstica Nº 17.514 (2002), le asigna cometidos nuevos al Instituto, a saber:

1) Promover la formación de peritos en Violencia Doméstica, con capacidad para trabajo interdisciplinario, que se incorporará en la órbita del Instituto Técnico Forense. La reglamentación correspondiente encomendará al INFM establecer los requisitos que deberán cumplir los interesados para acreditar su competencia pericial en el área de la violencia doméstica regulada por esta ley.

2) Certificar la idoneidad notoria de las personas que reúnan determinados requisitos, a fin de que el Instituto Técnico Forense disponga, desde la aprobación de la ley, con un grupo de peritos, que no reúnen todavía los requisitos que dispone el art. 16 arriba citado (art.17)

3) Integrar y presidir el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (art. 24)

El proceso de formación y funcionamiento del Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica como una instancia interinstitucional y de articulación con la Sociedad Civil -en la que jugó un rol preponderante la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual- permitió al INFM comenzar a cumplir con algunos de sus cometidos.

Es muy interesante que no sólo la sociedad civil uruguaya haya realizado críticas al mecanismo para la igualdad del Estado uruguayo. El caso más relevante es el de las recomendaciones realizadas en el Informe del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer en agosto de 2002 (CEDAW). Estas recomendaciones han sido pertinentes en su momento y aún hoy vigentes en lo referente a la institucionalidad para las políticas relativas a la igualdad de las mujeres en el gobierno uruguayo. Más específicamente, opina sobre el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer: "El Comité expresa su preocupación con el INFM que en su calidad de mecanismo nacional para el adelanto de la mujer no tiene en realidad poder para iniciar y aplicar medidas normativas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer. Preocupa al Comité la dependencia jerárquica del mecanismo nacional respecto del MEC, así como su falta de recursos financieros y humanos.”

El Comité recomienda al Gobierno que defina claramente los mandatos de las distintas instituciones y comisiones y el nivel de interacción entre ellas, y alienta al Gobierno a que lleve a cabo una reestructuración del mecanismo nacional y que asigne recursos humanos y financieros necesarios para velar por la aplicación efectiva de las políticas y programas gubernamentales relativos a la igualdad de oportunidades, que permitan proporcionar una base jurídica sólida al programa Nacional de la Mujer.

Asimismo, alienta al Gobierno a incorporar la perspectiva de género en todos los ministerios.

 

Instituto Nacional de las Mujeres: 2005 a la actualidad

El art. 6 de la Ley Nº 17866 (2005) de creación del Ministerio de Desarrollo Social, incorpora al antiguo Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (INFM) a la estructura de dicho Ministerio. El mismo artículo mantiene la estructura, la organización y los recursos que tenía asignados.

La Ley Nª 17930 en su artículo 377 (2005), cambia el nombre de INFM a Instituto Nacional de las Mujeres y define como sus cometidos:

a) Ejercer como ente rector de las políticas de género, las funciones de promoción, diseño, coordinación, articulación, ejecución, así como el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

b) Garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres integrando la igualdad de oportunidades y derechos a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

c) Promover una ciudadanía plena, garantizando la inclusión social, política económica y cultural de las mujeres, así como su participación activa en el proceso de desarrollo nacional.

d) Velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales que el país ha suscrito en materia de género y realizar y ejecutar, dentro de sus posibilidades financieras, los convenios internacionales de cooperación vinculados a dicho cumplimiento.

e) Promover el acceso de las mujeres a los recursos, las oportunidades y los servicios públicos de manera de contribuir a erradicar la pobreza, fortaleciendo su capacidad productiva, mediante el acceso al empleo, el crédito, las tierras, la tecnología y la información.

f) Garantizar el acceso y la plena participación de la mujer en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones.

Algunas iniciativas impulsadas por el Instituto Nacional de las Mujeres en sus primeros meses de gestión muestran que no se produjo únicamente un cambio de nombre, sino que se avanzó hacia una nueva institucionalidad, entre ellas:

- La elaboración de los lineamientos estratégicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), estableciendo las prioridades programáticas para el quinquenio.

- La convocatoria a las y los ministros para que comprometieran públicamente el 8 de marzo del 2005 acciones por la equidad de género. Las medidas hacia un Uruguay equitativo intentaron sellar a pocos días de asumir el gobierno progresista la voluntad política hacia la concreción del Uruguay Equitativo.

- La relación de trabajo conjunto y de interlocución respetuosa y crítica con las organizaciones feministas y el movimiento amplio de mujeres.

- La redacción del Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos; iniciativa del Ejecutivo de gobierno que declara de interés general las actividades orientadas a la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres y obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias para asegurar el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de políticas públicas que integren la perspectiva de género.

Su aprobación le otorga al Inmujeres el cometido de diseñar el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA) y crea el Consejo Coordinador de las Políticas de Género responsable de velar por el cumplimiento de la Ley, promover el compromiso de los efectores de políticas públicas con enfoque de género y observar atentamente la efectivización de las acciones del Plan.

- La modificación del nombre del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (INFM) y sus cometidos. La modificación se incorporó a la Ley Nº 17.930, art. 377 del Presupuesto Nacional (19.12.05).

- Concomitantemente a las acciones mencionadas, el Instituto realizó desde su creación diversas acciones en el territorio, construyendo vínculos con los actores locales (Intendencias Municipales y otras instituciones públicas con expresión territorial, así como con grupos, organizaciones y mujeres de todo el país) sentando las bases de un vínculo y un trabajo que desarrollará y profundizará durante la gestión, especialmente con la conformación del equipo de referentes de género y posteriormente del Departamento de Políticas de Género a nivel local.

  

Fuente:

Actuación del Instituto Nacional de la Mujer y la Familia. Johnson, Niki (2001) - CNS.

Puntos de partida: Relevamiento de mecanismos y políticas públicas en el Uruguay para la igualdad de las mujeres y la equidad de género. Inmujeres-MIDES, PNUD, UNIFEM. Bareiro, Line y Quesada, Solana (2006).

 

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